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0. INTRODUCCiÓN *

1. Antecedentes: proyectos fracasados y problemas construidos *

1.1. El Acueducto Tajo-Segura: un fracaso que no sorprendió *

1.2. Agua del Ebro para Castilla-La Mancha *

1.3. Conclusión: abordar la reordenación agraria y la gestión de la demanda *

2. El marco tecnológico: una rápida transformación *

2.1. La desalación de agua de mar, una tecnología en pleno desarrollo *

2.2. Una continua reducción de costes *

2.3. Conclusión: mejorar la eficiencia ecológica de la desalación *

3. Una solución doblemente inútil: trasvasar agua de mala calidad. *

3.1. El Ebro, un río con serios problemas de calidad del agua. *

3.2. Una clara tendencia a empeorar *

3.3. Conclusión: replantear la estrategia de calidad del agua *

4. Los costes de una estrategia equivocada *

4.1. Cálculo de los costes reales por unidades de demanda *

4.2. Unos beneficios sobrevalorados *

4.3. Conclusión: trabajar con los costes reales de cada alternativa *

5. Los consumos de energía en el ciclo de vida del proyecto *

5. 1. La necesidad de una actualización metodológica *

5.2. Aproximación a la evaluación energética de los trasvases *

5.3. Conclusión: evitar una nueva amenaza para el Protocolo de Kyoto *

ANEXOS *

A lo largo de los últimos meses, los trasvases del Ebro contemplados en el PHN se han ido convirtiendo de modo cada vez más evidente en un problema europeo. Así lo demuestra la atención que el Parlamento Europeo le ha dedicado al tema, la intensidad con que los miembros del Parlamento han participado en los debates, y los esfuerzos que está desplegando la Comisión para analizar con especial profundidad este proyecto, incluyendo la solicitud de nueva y más detallada información al gobierno español.

En realidad, con este interés las instituciones comunitarias simplemente están reconociendo al proyecto de trasvases una proyección europea que tiene por derecho propio, por muy diversas razones:

• Los trasvases del Ebro afectarán negativamente a varios espacios de interés comunitario, especialmente humedales, que están clasificados bajo diferentes figuras (ZEPAS, LICS, RAMSAR, NATURA 2000, etc..) y que son fundamentales para la continuidad de los ciclos migratorios o reproductivos de diversas especies de aves de Europa.

• Millones de ciudadanos comunitarios pasan sus vacaciones o tienen segundas residencias en las costas mediterráneas españolas, por lo que tienen interés directo en ser abastecidos con agua de calidad durante sus estancias en España

• Según indica un número creciente de estudios independientes, las subvenciones a los trasvases que el estado español está demandando a la Unión Europea podrían constituir una asignación muy ineficiente de un gran volumen de recursos económicos comunitarios, además de presentar perfiles dudosos en relación con las políticas de defensa de la competencia en varios sectores económicos.

• Los impactos energéticos de los trasvases son muy elevados, y pueden tener una importante repercusión en el cumplimiento del Protocolo de Kyoto, que constituye una obligación comunitaria, a cuenta de la cual la Unión ha invertido ya, y va a invertir en los próximos años, grandes sumas de recursos.

Es dudoso que estos importantes intereses comunitarios queden adecuadamente protegidos si los proyectos de trasvase presentados acaban recibiendo el visto bueno de la Comisión. Desde la presentación del PHN, el tema de los trasvases ha sido conducido políticamente en España con unos grados de vehemencia y crispación inusuales, que crean condiciones poco adecuadas para la adopción de decisiones serenas y juiciosas. Lejos de remitir con el paso del tiempo, los enfrentamientos institucionales y sociales en torno a este tema han ido adquiriendo en los últimos meses un grado de enconamiento preocupante. Ello ha convertido al PHN en algo parecido a una bandera de combate del gobierno estatal y de varios gobiernos autonómicos, que se muestran dispuestos a imponerlo literalmente a cualquier precio, apelando a conceptos tales como el patriotismo y la lealtad.

La Unión Europea no debería confiar en que de semejante contexto pueda surgir una valoración y una recapitulación desapasionada y neutral acerca de la conveniencia de mantener el proyecto, ante las numerosas incoherencias que van apareciendo en la concepción técnica y económica del mismo. Como se ha podido comprobar, ni las masivas protestas populares, ni la opinión quasi unánimemente contraria al proyecto que ha expresado la comunidad científica y técnica independiente, han servido para modificar en lo más mínimo las posiciones oficiales. El PHN hace muchos meses que parece haberse convertido en España en una cuestión de principio de autoridad y en un objeto de confrontación política.

Si desea reconducir este problema europeo hacia cauces de debate más racionales, la Comisión debe adoptar iniciativas para estudiar alternativas que protejan razonablemente todos los intereses en presencia, con impactos ambientales asumibles, y con niveles aceptables de eficiencia económica y energética. El presente informe pretende aportar algunos datos y consideraciones en esa dirección. Intenta mostrar cómo los datos técnicos aportados en los documentos oficiales del Gobierno Español para justificar los trasvases del Ebro, si son correctamente interpretados, no sólo no justifican las obras, sino que recomiendan la cancelación inmediata del proyecto por su evidente inviabilidad hidrológica, económica y energética.

El informe se estructura en torno a una breve serie de aspectos clave, que se sintetizan en el gráfico incluido al término del presente capítulo, en el que se indica el capítulo en el que se trata cada aspecto:

• En el primer capítulo se aporta una breve descripción de determinados antecedentes que se consideran de utilidad para ayudar entender el fondo del problema que se está valorando.

• En el segundo capítulo se describe someramente el cambio tecnológico en el que actualmente están inmersas algunas tecnologías del agua, y especialmente la desalación de agua de mar.

• En el capítulo tercero se revisa el alcance y las perspectivas de los problemas de calidad del agua del Ebro.

• En el capítulo cuarto se reinterpretan los datos oficiales de costes, individualizándolos para cada unidad de demanda, con un enfoque de aproximación a los costes marginales.

• En el capítulo quinto se valoran los costes energéticos, con un enfoque de ciclo de vida del proyecto.

Como norma general, los análisis aquí realizados utilizan los datos oficiales presentados por el gobierno español, ya sea en el PHN o en otras fuentes oficiales de información. Aunque la neutralidad de algunos de estos datos ha sido cuestionada por especialistas reconocidos, se considera que su aceptación como punto de partida de los análisis incluidos en el presente informe, puede facilitar su utilización en eventuales procesos futuros de debate en torno al problema de los trasvases del Ebro

Interesa señalar, asimismo, que en cada uno de los capítulos que siguen se añaden sendos apartados de conclusiones y recomendaciones, en los que, entre otros aspectos, se especifican algunas condiciones que debería cumplir la deseable "solución europea" a la que se alude en el título del presente informe.

Se considera que esa solución europea deberá ser plenamente coherente con las diversas políticas y normativas comunitarias a las que afecta el problema de la gestión del agua en el mediterráneo español. En particular, las principales de estas condiciones pueden sintetizarse como sigue:

• Allá donde los problemas hidrológicos estén asociados a problemas o disfunciones en las estructuras y las políticas agrarias, tendrá que ser prioritario el tratamiento de estos aspectos, asumiendo las directrices propuestas para la revisión de la PAC.

• Los problemas de calidad del agua deberán ser abordados en estricto seguimiento de lo dispuesto en la Directiva Marco de Aguas, especialmente en lo que se refiere a la minimización de los tratamientos que deban recibir las aguas urbanas.

• La asignación de costes deberá seguir de modo igualmente estricto el principio de plena recuperación de costes de la Directiva Marco, y las medidas elegidas deberán ser aquellas que mejor contribuyan a la mejora del estado ecológico de las diversas masas de agua afectadas, a menor coste.

• La responsabilidad energética, con vistas a la minimización de los costes asociados al cumplimiento del Protocolo de Kyoto, deberá de ser otro de los criterios clave para la selección de las medidas a adoptar.

Una de las finalidades principales del presente documento es la de contribuir, siquiera de modo muy preliminar, a la nutrida línea de estudios y razonamientos alternativos a los oficiales, que en los próximos meses y años demostrará que existe una o varias soluciones coherentes con las políticas y normativas europeas, que estas soluciones se pueden implementar con unos costes asumibles, muy inferiores a los de los trasvases, y que, además, pueden garantizar de modo mucho más eficiente la protección de los intereses de todos los usuarios del agua en la vertiente mediterránea.

El llamado "problema hidrológico español" es un conflicto hídrico de corte muy clásico, en el que varias comunidades agrarias se disputan el uso de los ajustados recursos disponibles en el cuadrante suroriental de la Península. Este conflicto tiene dos grandes facetas, una visible y otra invisible.

La faceta visible es la existencia de unas 60.000 hectáreas de tierras ubicadas en Murcia y en el sur de Alicante, que fueron oficialmente clasificadas como de regadío en las postrimerías del franquismo al amparo del fracasado trasvase o Acueducto Tajo-Segura (ATS), pero que siempre han carecido de una dotación adecuada de agua.

La parte invisible, o poco publicitada, es el reciente desarrollo de una masiva agricultura de regadío en la Mancha Oriental, que está introduciendo serias tensiones adicionales en los ya precarios resultados del trasvase Tajo-Segura, y está rompiendo el equilibrio histórico de la cuenca del río Júcar, que abastece al grueso de la agricultura valenciana.

Ambos son problemas técnica e institucionalmente construidos en las últimas décadas del siglo XX. El primero, por la política de la administración hidráulica española, que lleva muchas décadas alimentando expectativas de riego y permitiendo la expansión de regadíos en la cuenca del Segura, que luego no es capaz de atender. Y el segundo por la Política Agraria Común de la Unión Europea, que a través de las subvenciones agrarias ha estimulado en Castilla-La Mancha la extensión de varios cultivos ecológicamente inadecuados para una meseta semiárida, como el maíz o la alfalfa.

El resto de los problemas hidrológicos que pretende "resolver" el PHN a lo largo de la costa mediterránea, o son problemas locales de entidad limitada y manejable, resolubles a escala local, o sencillamente no existen. Esta percepción no sólo está generalizada en los medios profesionales relacionados con el tema, sino que la corrobora el hecho de que varios de estos "déficits" no aparecían con claridad en los respectivos Planes Hidrológicos de Cuenca, y especialmente en los primeros borradores de los mismos. Tales "demandas" surgieron durante la redacción del PHN, contribuyendo a engrosar la macrodemanda mediterránea agregada que otorga escala y sentido hidráulico a los trasvases del Ebro.

En el presente apartado inicial interesa explicar brevemente estos dos problemas centrales. Si no se conocen estos antecedentes, no es posible interpretar correctamente el embrollo del Plan Hidrológico Nacional y de su proyecto clave, el trasvase del Ebro al Segura. Sin tomar en consideración la historia del problema y la situación del regadío en la cuenca del Segura y en la Mancha Oriental, no será posible afrontar la búsqueda de posibles soluciones superando los prejuicios estructuralistas, condición imprescindible para hallar una solución racional y viable a este conflicto hídrico, que como tantos otros, ha sido artificialmente creado en épocas recientes, ya sea por políticas equivocadas, o por acciones realizadas en beneficio de unos pocos grandes intereses económicos.

Desde la administración hidrológica española se sostiene oficialmente la idea de que el fracaso del ATS (que ha trasvasado en promedio menos de la mitad de lo previsto para su primera fase, y menos de un tercio del total de diseño), se debió a un "error de cálculo" en el origen del proyecto, esto es, a una evaluación demasiado optimista de los recursos disponibles. Con la perspectiva actual, es muy difícil aceptar una explicación como ésta.

Probablemente sea más acertado concluir que se dieron por buenos unos volúmenes de "excedentes" de agua en el alto Tajo que era más que dudoso que existieran, pero que permitían justificar las gigantescas obras propuestas. En la tramitación del proyecto transcurrieron dos años justos desde que se firmó la primera orden de estudio a finales de julio de 1966 hasta que se aprobó definitivamente a principios de agosto de 1968, tras una parodia de información pública que abrió paso al comienzo de las obras pocos meses después. Las rápidas y excelentes oportunidades de negocio constructivo e hidroeléctrico que proporcionó el trasvase quedaron sumariamente justificadas mediante la creación de unas expectativas y derechos de riego que, por mucho que fueran socialmente demandados, en realidad eran insostenibles. Un cuarto de siglo más tarde, estas expectativas frustradas sirven de justificación para un nuevo trasvase, esta vez desde el Ebro.

Algo muy parecido había ocurrido en la misma cuenca del Segura un cuarto de siglo antes, con la aprobación del PAICAS (Plan de Aprovechamiento Integral de la Cuenca Alta del Segura) en 1941: se sobredimensionaron los recursos disponibles en la cuenca –y las obras a realizar- y se generaron unas expectativas de regadío que no correspondían a la realidad. Los regadíos precarios o abusivos que se iban creando, alentados por estas expectativas, acabaron siendo consolidados en sucesivos decretos de ordenación de recursos y atribuciones de derechos, entre los que destaca el decreto de 1953, que alentó una nueva oleada de demandas de regadío y transformaciones "de facto". Estos regadíos precarios sirvieron de justificación para las cuantiosas inversiones y obras del trasvase Tajo-Segura: una y otra vez, los caudales no estaban donde se había imaginado al principio, sino más lejos, siempre más lejos, y con más necesidad de obras para transportarlos.

Y aún remontándose al Plan Gasset de 1902 y a las obras contempladas en el mismo que fueron realizadas en esa cuenca en las primeras décadas del siglo XX, cabe hallar antecedentes de un ciclo esencialmente similar, en el que una primera oleada de nuevas obras comenzó a generar expectativas de regadío (las primeras ampliaciones de las huertas tradicionales) muy por encima de lo que permitían los recursos disponibles.

El proyecto del trasvase del Ebro no es, en realidad, más que el cuarto ciclo de la espiral de obras hidráulicas sobredimensionadas, expectativas de regadío frustradas, y nueva oleada de obras, que cada 20 o 30 años (el tiempo que tardan en madurar los grandes proyectos hidráulicos) se viene reproduciendo en la cuenca del Segura. El trasvase del Ebro es la consecuencia lógica del trasvase Tajo-Segura, igual que éste fue la consecuencia del PAICAS, y éste a su vez la del Plan Gasset, proyectos o programas todos ellos sobredimensionados en su diseño y ejecución, bajo la permanente presión social a favor de la ampliación del regadío que caracteriza a la cuenca del Segura.

Aunque el fondo del asunto ha permanecido más o menos inmutable, la justificación oficial utilizada en cada ciclo ha ido adaptándose al espíritu de la época. Si la idea del progreso técnico como motor de la regeneración de España definía el imaginario colectivo en los comienzos del siglo XX, la simple supervivencia alimentaria pasó a ser el argumento irrefutable de la extensión del regadío en los años de la posguerra. Más tarde, en los años sesenta y setenta, el desarrollo económico fué el mito social indiscutible, mientras que la protección del medio ambiente es el argumento políticamente más correcto en la actualidad, además de ser el que más facilita la obtención de Fondos de Cohesión.

Evidentemente, esta evolución no es privativa de la cuenca del Segura, sino que es característica del conjunto de la política de obras hidráulicas en España, el país del mundo con más presas por unidad de superficie y de población, pese a contar con grandes capacidades de regulación subterránea. El caso del Segura es simplemente el más evidente y más nítido ejemplo, porque en esa cuenca el potencial de incremento de la productividad agraria que se puede conseguir con cualquier nueva aportación de agua es superior al de casi cualquier otra región de España. Ello ha impulsado y ha legitimado socialmente más que en ningún otro lugar el tándem mutuamente alimentado de la industria de las obras hidráulicas y la extensión del regadío a las grandes fincas de secano, generadora de extraordinarias plusvalías.

Esta presión social, alentada por las autoridades políticas de la práctica totalidad de los niveles administrativos, viene forzando crecientemente la selección de tipos de suelo a poner en riego. Según reconoce el propio Plan de Cuenca, "las tierras más aptas para el riego, [que] corresponden a las clases 1 y 2, ya están transformadas hace tiempo". Los últimos ciclos de puesta en riego se han basado principalmente en suelos de clase 3 y hasta 4, que ya presentan apreciables limitaciones

Existen incluso varios miles de hectáreas de suelos salinos (algunos autores apuntan más de 10.000), correspondientes a antiguos saladares naturales del entorno del Parque Natural de El Hondo, en Albatera, Crevillente y Elche, que fueron puestos en regadío a lo largo del siglo XX en varios intentos sucesivos, alentados por los diversos planes de aportación de nuevos recursos hídricos ya citados. De este modo, además de haber dilapidado una y otra vez los dineros públicos invertidos, se han generado cultivos de baja rentabilidad por la salinidad de los suelos, agravada por la baja calidad de las aguas que reciben, procedentes de retornos de riego de aguas arriba de la cuenca. En estas zonas apenas se puede cultivar otra cosa que palmeras, higueras, granados, y algunas otras especies de gran resistencia a la salinidad. Sin embargo, estas tierras, y otras de condiciones parecidas en otros lugares de la cuenca, están computadas en el PHN entre los regadíos infradotados, por lo que sus demandas de agua se suman a las que justifican el trasvase Ebro-Segura. Obviamente, seguir manteniendo en la actualidad estos planteamientos propios del desarrollismo agrario de décadas pasadas, carece de toda racionalidad agronómica e hidrológica.

El gráfico adjunto, tomado del PHN (Vol 3 pág 232), muestra la evolución de las superficies regadas en la cuenca del Segura. Las aproximadamente 90.000 hectáreas que estaban en riego antes de la guerra civil en toda la cuenca del Segura se han transformado en 250.000 en la segunda mitad del siglo XX. Se observa también que el salto más acusado, que de hecho es el responsable de la situación actual, se produce en torno a 1980, con la entrada en servicio del Acueducto Tajo-Segura.

El PHN insiste en crear la opinión de que el regadío en el Segura está estabilizado, y que la finalidad del trasvase del Ebro es simplemente recuperar los acuíferos que están actualmente sobreexplotados. El propio gráfico desmiente esa pretensión. Al parecer, las superficies regables en Murcia se estabilizaron en los años noventa, y las regadas disminuyeron, por efecto de las fuertes sequías de la década, y también como consecuencia de los procesos de urbanización. Pero en el conjunto de la cuenca (serie de puntos rojos) las superficies regadas continúan aumentando, y no hay signo alguno de que se vayan a estabilizar. Antes al contrario, si se llevase a término el trasvase se asistiría con toda probabilidad a un nuevo salto en el gráfico histórico de las superficies regadas. No hay ninguna razón para pensar lo contrario, a la vista de las presiones económicas reinantes, que parece que son y seguirán siendo capaces de desbordar todas las directrices de políticas agrarias e hidrológicas, en el supuesto de que no estuvieran de acuerdo con ellas.

La única diferencia de este cuarto ciclo respecto a los anteriores estriba en que si se llegase a ejecutar, sería el último. No porque finalmente se llegase a implantar la cordura hidrológica, sino porque una vez esquilmados el Júcar y el Ebro, ya no quedarían más ríos sobre los que pudieran plantearse iniciativas de trasvase. No obstante, como se verá en el siguiente capítulo, para entonces la desalación de agua de mar estará en condiciones de tomar el relevo, por lo que el problema ambiental que se perfila en el horizonte, en zonas como el sureste de la Península Ibérica, será más bien el de cómo evitar que la disponibilidad de agua desalada no facilite el incremento ilimitado de actividades de transformación agraria, turística o infraestructural, con fuertes impactos territoriales.

En el debate sobre el PHN ha pasado prácticamente desapercibido el hecho de que en el reparto de nuevos caudales en la Cuenca del Júcar, derivado del trasvase del Ebro, se le asignan a Castilla La-Mancha del orden de 200 hm3 de nuevas dotaciones de agua, cantidad superior a la asignada tanto a Cataluña (190 hm3) como a Almería (95 hm3).

La imagen trasmitida por los medios gubernamentales de que la finalidad del trasvase consiste en llevar agua del Ebro a la "sedienta" costa mediterránea, ha permitido que el importante papel que ha jugado Castilla La-Mancha en la gestación del trasvase del Ebro se haya mantenido entre bastidores. Sin embargo, la grave problemática del agua en Castilla-La Mancha es una de las claves del PHN, y es la razón del enérgico apoyo que el Plan viene recibiendo de José Bono, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.

Como se puede observar en el mapa de la página siguiente, la Cuenca del Júcar incluye la mayor parte del territorio de la Comunidad Valenciana, pero también buena parte de las provincias castellano-manchegas de Albacete y Cuenca, incluyendo las dos capitales. Textualmente, por lo que se refiere al reparto de nuevos caudales del PHN dentro de la Cuenca del Júcar, el documento oficial del PHN señala:

En síntesis, el balance de aguas del PHN para la Cuenca del Júcar es el siguiente:

Según establece el texto oficial, estos 405 hm3 se reparten aproximadamente a partes iguales entre la Comunidad Valenciana (principalmente en Alicante y algo en Castellón) y la de Castilla-La Mancha (básicamente en Albacete, con extensiones hacia otras provincias).

Por razones geográficas obvias, la entrega del agua del PHN a la meseta de Castilla-La Mancha sólo se puede hacer mediante compensación con caudales del Júcar, pues no es razonable enviar físicamente el agua del Ebro a Castilla-La Mancha. En consecuencia, si se ejecutase el trasvase del Ebro, 200 hm3 de agua del alto Júcar se quedarían legalmente en Castilla-La Mancha, además del agua que ya es captada hoy en día en esta comunidad. Estos nuevos caudales serían compensados en las provincias costeras con agua del Ebro. De este modo, Castilla-La Mancha, además de ser la segunda comunidad autónoma receptora de agua, sería la primera y de hecho la única beneficiaria en calidad, ya que sería la única que sólo recibiría agua pura del Júcar, que es el recurso con mejor calidad de todos los involucrados en el trasvase del Ebro.

El uso del agua en Castilla La Mancha es fundamentalmente el riego agrario, y en particular de maíz y otras herbáceas:

UTILIZACIÓN DEL AGUA AGRARIA EN CASTILLA LA MANCHA (1999)

Se observa que sólo en cultivar maíz se consumieron en 1999 en Castilla La Mancha 964 hm3, esto es, más agua que la que el PHN pretende trasvasar desde el Ebro hacia el sur (860 hm3). El cultivo del maíz en Castilla-La Mancha se concentra en la provincia de Albacete, que en 1999 representó el 53% de la producción regional y el 48 por ciento de la superficie plantada y del consumo de agua en el cultivo de este cereal. Esta provincia es asimismo la principal receptora del agua del trasvase compensada mediante agua del Júcar.

La finalidad del trasvase del Ebro por lo que se refiere a Castilla-La Mancha es posibilitar el mantenimiento e incluso la expansión de estos cultivos de regadío, que ya no son sostenibles por la severa sobrexplotación que han ocasionado en los acuíferos de la Mancha Oriental y en el manto freático del Júcar. Sin embargo, la expansión del regadío continúa. Está previsto para el próximo año el inicio de la construcción del Canal de Albacete, una de las principales infraestructuras de riego previstas en el Plan Nacional de Regadíos, que creará más de 6.000 hectáreas de nuevos regadíos en la meseta manchega. Los usos urbanos representan menos del 5% de las nuevas asignaciones, por lo que no son significativos a los efectos del trasvase, aunque se han utilizado como argumento de justificación.

Es sabido, sin embargo, que la productividad del agua asignada al cultivo del maíz en las estepas españolas es una de las más bajas de todas las aplicaciones agrarias conocidas:

Ftes.: Elaboración propia sobre datos del INE y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Cada metro cúbico de agua asignado al cultivo del maíz en Castilla-La Mancha produce una renta bruta (antes de descontar combustibles, abonos, tiempo de trabajo y demás costes de producción), de tan sólo 16,4 Pts., esto es, algo menos de 0,1 Euros.

Sin embargo, el coste de un metro cúbico de agua trasvasado desde el Ebro a la cuenca del bajo Júcar sería de 52 pts (0,31 Euros), según los datos oficiales del PHN, aunque en realidad los costes pueden ser muy superiores, incluso hasta el doble, como se verá en posteriores apartados del presente informe. Esto significa que el coste del agua a trasvasar desde el Ebro al Júcar para equilibrar la sobreexplotación de los cultivos de maíz sobre los recursos hídricos de la Mancha Oriental sería al menos tres veces superior a la producción bruta generada, y podría superarla hasta en seis veces. Obviamente, cuando se afirma que el agua del trasvase no irá a Castilla La Mancha, se está ocultando el hecho de que sin las nuevas asignaciones de agua del alto Júcar a esta comunidad, habría que trasvasar 200 hm3 menos desde el Ebro. Se trata de un caso típico de compensación de caudales.

Es bien sabido que el maíz es un cultivo absolutamente inadecuado desde el punto de vista ecológico para una meseta semiárida como es La Mancha. Si se ha expandido como lo ha hecho en los últimos años, con producciones medias por encima del medio millón de toneladas anuales, ha sido por efecto de las subvenciones de la PAC, combinadas con una política permisiva o incluso alentadora de la apertura indiscriminada de pozos, que han conducido a la sobrexplotación y esquilmación de los acuíferos manchegos, con las graves consecuencias ecológicas de todos conocidas: desaparición de tramos enteros del río Guadiana, afecciones al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, alteración de las lagunas de Ruidera, etc.. La solución que ahora aporta el PHN es trasvasar agua del Ebro a las provincias costeras para compensar la esquilmación de los recursos naturales de agua por el cultivo de maíz y otros productos de baja rentabilidad en Castilla-La Mancha.

La pregunta que no contesta el PHN es la de quién pagará ese agua. Obviamente no lo harán los agricultores de Castilla La-Mancha, que seguirán bombeando agua de sus pozos con un coste de recurso cero, mientras alguien recarga sus acuíferos reponiendo agua con fines "ecológicos" desde los embalses de cabecera hacia diversos cursos fluviales y zonas húmedas. El gobierno español confía en obtener financiación de la Unión Europea, lo cual le permitiría abordar con gran flexibilidad la interpretación del principio de la plena recuperación de costes, y la consiguiente fijación de los precios del agua.

El resultado para la Unión Europea, si acabase aportando fondos para la construcción del trasvase del Ebro, podría acabar siendo bastante inaceptable también en el campo de la agricultura continental, que aparentemente no estaba afectada por el trasvase del Ebro. La Unión estaría pagando considerables subvenciones de la PAC para mantener la agricultura continental de regadío en las estepas semiáridas manchegas, y además estaría aportando, vía fondos de cohesión, subvenciones de facto para el agua de cultivo de una cuantía muy superior, por unidad de producto, a las entregadas vía PAC.

De los apartados anteriores se desprende la conclusión obvia de que las soluciones a los problemas hidrológicos en la cuenca del Segura, así como en Castilla-La Mancha, ya se trate de trasvases o de cualquier otra medida, deberían haber sido planteadas como apoyo a medidas previas de reestructuración agraria que corrigiesen los errores o fracasos del pasado en materia de desarrollo del regadío. Por el contrario, el PHN ha cerrado los ojos a estas realidades, asumiendo acríticamente el statu quo agrario de la zona, y se ha aprestado a buscar recursos para mantener espacios de riego que son inadecuados para este uso por razones edafológicas, climáticas, y otras.

Esta es exactamente la concepción opuesta a la metodología de gestión de la demanda, cuya esencia consiste en tratar en cualquier problema hidrológico la demanda estructural de agua de cualquier sector –agrario, industrial, urbano...- como una variable más, que puede ser sustancialmente modificada, si así lo aconsejan los pertinentes análisis socioeconómicos y medioambientales, mediante la decisión política, la intervención técnica y el consenso social. Por el contrario, el PHN descarta como propia de la gestión de la demanda agraria cualquier posible modificación de las superficies calificadas como regables, y cualquier intervención sobre la selección de especies a cultivar. Para los redactores del Plan, la gestión de la demanda agraria se limita, explícitamente, a las técnicas de mejora de los sistemas de administración del agua de riego. Lógicamente, esta "gestión de la demanda agraria", identificada con la "modernización de regadíos", tendrá necesariamente capacidades de ahorro limitadas en zonas como el Segura, en las que el recurso ha sido históricamente escaso, porque las técnicas de riego están ya adaptadas a la escasez.

Sin embargo, en el sector agrario, tanto en la cuenca del Segura como en Castilla La Mancha, las posibilidades de racionalización de los consumos de agua mediante políticas agrarias razonables, son enormes. Partiendo de la determinación de las superficies que tiene sentido regar desde el punto de vista económico y ecológico, para continuar con la identificación de los productos que tiene sentido cultivar en función de la disponibilidad de agua y de otros factores de producción, así como de los mercados disponibles, y abordando en último término la mejora de la eficiencia técnica de la administración del agua a los regadíos y cultivos concretos que los anteriores análisis hayan recomendado mantener, las necesidades de agua para la agricultura pueden descender de modo drástico.

Para hacer posible esta reducción sin generar traumas socioeconómicos, la planificación hidrológica y la planificación agraria, adecuadamente coordinadas, deben organizar los procedimientos técnicos, las compensaciones económicas y la mediación social necesarias para llevar a la práctica las adecuadas reestructuraciones de regadíos y cultivos.

La reforma de la Política Agraria Común puede ser de gran ayuda en esta reorganización. De acuerdo con la filosofía de adaptación ecológica que inspira a esta reforma, se deberían establecer limitaciones de los cultivos subvencionables en función de la adecuación ecológica de los cultivos al territorio, siendo obviamente la demanda de agua en relación con la climatología natural una de las claves de esta adaptación. En cuanto la nueva PAC disuadiera en Castilla-La Mancha el cultivo de maiz y otras especies de gran consumo de agua, y estimulara los cultivos de secano, o algunas alternativas de cultivo en regadío razonables, como el cereal con un único riego de apoyo en primavera, los cientos de hectómetros cúbicos que así se liberarían restaurarían en pocos años el equilibrio hidrológico de la Mancha, incluyendo sus extraordinarias zonas húmedas y otras masas de agua. De este modo se reduciría también la creciente presión actual sobre los recursos del Júcar y del ATS, que se trasmite aguas abajo, reforzando en la costa las demandas a favor del trasvase Ebro-Segura. Estas medidas se podrían aplicar sin merma alguna de las rentas agrarias actuales, y sin coste adicional para las arcas comunitarias.

En el Segura, por su parte, la única solución razonable pasa por actuar sobre las 60.000 hectáreas mal dotadas de agua que constituyen "el problema hidrológico español". La plena dotación de estas hectáreas, a razón de 6.000 o 7.000 m3 por hectárea y año, genera la "demanda" agraria de 300 ó 400 hm3 de la cuenca del Segura, para cuya satisfacción se ha construido todo el proyecto de los dos trasvases del Ebro. La zona de Almería no se debe de considerar, pues está resolviendo ya sus déficits mediante desalación.

De estas superficies, hay una primera bolsa de entre 10.000 y 15.000 hectáreas que nunca debieron haber sido transformadas en regadío, por falta de aptitud agronómica, y que deberían ser, o bien devueltas al secano, o en su mayor parte, renaturalizadas como saladares o zonas húmedas, que es su verdadera vocación. La Unión Europea estaría directamente interesada en contribuir a esta solución ayudando a compensar a los propietarios afectados, porque de este modo facilitaría la recuperación del entorno del Parque Natural del Hondo, e incluso podría ayudar a restituir en parte la antigua gran Albufera de Elche, un espacio natural de valor europeo, cuyo potencial ecológico es comparable al de la Albufera de Valencia, y en algunos aspectos, superior. Por el contrario, apoyando el trasvase contribuiría a la degradación a largo plazo de este espacio, al facilitar la intensificación de las actividades agroindustriales de alto impacto en el entorno.

Una segunda bolsa de tierras, quizá de entre 15.000 y 20.000 hectáreas, seleccionadas de entre las de menor aptitud agronómica y derechos más recientes o menos consolidados (origen ilegal, etc...), deberían pasar a la categoría de regadíos eventuales, que sólo recibirían agua para riego en los años en que la disponibilidad de recursos superase un cierto umbral a determinar. Dotando el cambio de clasificación con subvenciones suficientemente interesantes, es probable que una convocatoria pública de reclasificación reuniese las superficies previstas a título voluntario. Dado que esta sería una medida con claro contenido ambiental (reducir de modo definitivo la presión sobre los recursos de agua en zonas semiáridas), estaría justificada la financiación europea de la misma.

El resto, entre 25.000 y 35.000 hectáreas seleccionadas entre las de mayor potencial agronómico, necesitarían unos 150 hm3 anuales para asegurar su dotación. Para satisfacer esta demanda hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la intervención arriba señalada sobre los usos del agua en Castilla-La Mancha permitiría reducir la presión sobre los caudales del ATS, lo cual podría aliviar notablemente la situación.

Para completar las aportaciones, posiblemente habría que recurrir a soluciones de desalación o desalobración. Se trataría de incorporar entre 50 y 100 hm3 anuales, para lo cual se precisaría una inversión de entre 100 y 200 millones de Euros en dos o tres grandes plantas, si se trata de desalación de agua de mar, y de cantidades sensiblemente inferiores si se resolviera parcialmente con desalobración. Estas medidas deberían ser incorporadas al esquema de explotación del ATS, pues en realidad si se llegan a implantar será debido al fallo de este trasvase en la aportación de los recursos previstos. Se trataría de completar el ATS, 20 años después, con medidas complementarias de producción de recursos en cola, ante la insuficiencia de los recursos de cabecera.

En un esquema integrado de aguas superficiales, desalobración y desalación en el sistema del ATS, con precios unificados para las aguas urbanas y agrarias, el incremento de costes finalmente resultante sería bastante asumible tanto por los usuarios urbanos como por los agrarios. Las tendencias a la reducción de los costes de desalación, que se analizarán en el siguiente capítulo, facilitarían grandemente esta solución. Además, la entrada en el sistema de agua de muy elevada calidad, ya sea a través de los usos urbanos o agrarios, además de mejorar los servicios hidráulicos obtenidos, facilitaría la reutilización, abaratando su coste.

Por supuesto, como se verá en el próximo apartado, las soluciones de desalación se pueden aplicar en cualquier lugar de la costa o del interior sin coste adicional de conducción o elevación, actuando en este último caso por compensación de caudales con algún usuario costero que esté recibiendo actualmente recursos procedentes del interior, los cuales suman cientos de hm3 en la actualidad. La superior calidad de los recursos desalados a compensar facilitaría la aceptación de estas compensaciones.

El contexto tecnológico en el que se encuadra el PHN, y concretamente los trasvases del Ebro, se encuentra en una fase de rápida transformación. Inexplicablemente, este proceso de desarrollo tecnológico no ha sido tomado en consideración durante la elaboración del anteproyecto de los trasvases del PHN, pese a que presenta implicaciones decisivas sobre los mismos, como se verá a continuación.

La evolución tecnológica en los diferentes subsectores sobre los que se articula la política hidrológica presenta en la actualidad unos rasgos marcadamente asimétricos. Por una parte, las tecnologías hidráulicas tradicionales han llegado a lo largo del último siglo a un elevado grado de maduración, por lo que ya no es posible conseguir mejoras apreciables de eficiencia en los parámetros básicos que definen los grandes proyectos hidráulicos. Los rendimientos de los bombeos y turbinaciones a gran escala ya sólo pueden lograr mejoras incrementales, pues se encuentran en general a pocos puntos porcentuales de sus máximos teóricos o situaciones ideales. Otro tanto ocurre con el diseño de tuberías, canales y demás elementos de la ingeniería hidráulica. Las mejoras de cierta importancia en este campo ya sólo pueden venir a través del perfeccionamento de la gestión, y concretamente de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al control y la optimización del funcionamiento de los sistemas. Las grandes obras hidraúlicas hay que dejar de construirlas, y hay que empezar a gestionarlas.

En el otro extremo del ciclo del agua, en la recuperación de las aguas residuales, se están produciendo avances tecnológicos sustanciales, que están permitiendo obtener aguas de gran calidad, aptas prácticamente para cualquier uso, a partir de las aguas residuales urbanas e incluso industriales. A este avance están contribuyendo especialmente las nuevas tecnologías de filtración, esto es, la micro, ultra y nanofiltración, así como la ósmosis inversa, cuyo aumento de eficiencia y consiguiente abaratamiento le está abriendo las puertas de grandes mercados potenciales.

También se están registrando considerables avances en materia de eficiencia en los puntos de uso del agua, tanto en los usos domésticos, con nuevas generaciones de electrodomésticos y sanitarios con estándares de consumo mucho más bajos, como en los procesos industriales, que han reducido drásticamente sus consumos unitarios, y en los consumos agrarios, que, aunque más lentamente, también van incorporando nuevas tecnologías de eficiencia.

Todos estos cambios están influyendo profundamente en la planificación hidrológica en todos los países desarrollados, que van comprendiendo que no tiene sentido seguir por más tiempo concibiendo la gestión del agua como el arte de satisfacer demandas siempre crecientes con recursos naturales cada día más escasos. Pero sin duda la evolución tecnológica más espectacular la están experimentando las tecnologías de desalación, tanto en el campo de las aguas salobres como, sobre todo, del agua de mar.

La tecnología de desalación de agua de mar es reputada como una tecnología de muy alto consumo energético, y por tanto, como una fuente intrínsecamente cara y con elevado impacto ambiental. Sin embargo, esta visión no es esencialmente cierta. Si hasta el momento actual la desalación de agua de mar ha sido una tecnología de elevado consumo energético, ello se ha debido fundamentalmente a la inmadurez tecnológica del sector, y por otra, a la concentración de la demanda mundial de agua desalada en un territorio –el Golfo Pérsico- en el que la energía tiene unos precios irrisorios.

La realidad es que el límite físico teórico del coste energético de la desalación de agua de mar, en condiciones ideales, se sitúa en 0,77 kWh/m3, que es aproximadamente la energía necesaria para extraer agua de un pozo de unos 200 metros de profundidad con una bomba sumergible de buen rendimiento. Obviamente, estas condiciones son inalcanzables en la realidad, pero la tecnología de ósmosis inversa está permitiendo en los últimos años aproximarse hacia esas cotas de consumo de una forma que parecía imposible hace tan sólo una década. Interesa explicar, siquiera muy brevemente, las lineas básicas del salto tecnológico cualitativo que está dando el sector de la desalación en la actualidad.

Por las peculiaridades técnicas del proceso de desalación, una parte sustancial de la energía incoporada al proceso queda asociada a la salmuera, que es el residuo del proceso. La recuperación de la energía de la salmuera es una de las claves de la eficiencia energética del proceso de desalación. La otra es la arquitectura de las membranas, que es donde en definitiva se produce la separación física de la sal y el agua.

La recuperación de la energía en las plantas industriales de ósmosis inversa se ha venido realizando mediante la aplicación de tecnologías de origen hidroeléctrico, sobre todo ensamblando turbinas clásicas, tipo Francis y tipo Pelton. Esta combinación marca un límite bastante estricto a los porcentajes de recuperación de energía de la salmuera, por debajo del 70%. Con esta limitación, y con las membranas disponibles hasta finales de la década de los noventa, no era fácil bajar del entorno de los 4 kWh/m3, incluyendo los consumos periféricos (captación, filtrado del agua de mar, etc.). Por ejemplo, la planta de Bahía de Palma, que es la mayor y posiblemente la más eficiente de las grandes plantas españolas, consume actualmente 3,25 kWh/m3 en las operaciones de desalación, y 0,6 kWh/m3 en la captación y filtrado del agua de mar, aunque este último consumo está bastante penalizado por la gran distancia del mar a la que está situada la planta (5 km.).

Sin embargo, a mediados de los años noventa comenzaron a aplicarse a la recuperación de energía determinadas tecnologías de origen minero, conceptualmente distintas a las tradicionales. En términos técnicos estas tecnologías se conocen como "tecnologías de desplazamiento positivo", aunque pueden ser descritas gráficamente como tecnologías "de pistón", por oposición a las de turbina o rueda alabeada tradicionales. Desde los prototipos iniciales, que estaban afectados por diferentes problemas de operación y mantenimiento, estos dispositivos han evolucionado hacia equipos más robustos y fiables. En condiciones adecuadas, las nuevas generaciones de equipos pueden lograr porcentajes de recuperación del orden del 95% y superiores, con lo que el consumo en planta desciende netamente por debajo de los 3 kWh/m3, y contando con los consumos periféricos, se obtienen consumos globales en el entorno de 3 kWh/m3 o inferiores.

Diversas compañías compiten actualmente para imponerse en este nuevo mercado, que está atravesando en estos momentos una etapa de gran creatividad y competitividad tecnológica. Hace 2 ó 3 años comenzó a generalizarse la implantación de estos dispositivos en pequeñas unidades de desalación, mientras las grandes plantas continuaban siendo equipadas con las turbinas tradicionales, menos eficientes, pero más robustas y fiables. Parecía que aún pasarían algunos años antes de que los nuevos sistemas llegasen a las grandes instalaciones, pero en 2001 comenzó, en lugares como Chipre, Lanzarote, Antillas holandesas y otros, el equipamiento de plantas medianas y grandes con este tipo de dispositivos, con resultados que al parecer están siendo muy satisfactorios.

En el último congreso de la International Desalination Association, celebrado en Bahrein en el pasado mes de febrero de 2002, se presentó el siguiente estudio comparativo de la eficiencia de los sistemas actualmente disponibles de recuperación de energía. Los datos de la tabla indican los consumos energéticos globales que se obtienen con cada sistema, expresados en kWh/m3:

En la tabla se destacan en negrita los tres sistemas de desplazamiento positivo analizados en el estudio comparativo. Los dos sistemas aplicables a trenes de 6.000 m3/día, escala propia de las grandes instalaciones, se sitúan en el entorno de consumo de 2,60 kWh/m3, a lo que hay que añadir los consumos periféricos, que deben ser inferiores a 0,5 kWh/m3, con lo que el consumo total se sitúa en torno a los 3 kWh/m3. Recientemente una de las empresas citadas en la tabla ha certificado en los laboratorios de la Marina de los Estados Unidos en Port Hueneme, en la costa del Pacífico, un consumo de 2,0 kWh/m3, si bien lo ha logrado en una instalación piloto y en determinadas condiciones que no son aplicables a grandes instalaciones, por el momento. No obstante, hace simplemente tres años se consideraba físicamente imposible alcanzar un resultado similar, ni siquiera en laboratorio.

Si el estándar de los 3 kWh/m3 está prácticamente consolidado y será la referencia general de la industria antes de dos años, a finales de la presente década se espera alcanzar el estándar de los 2 kWh/m3. Para llegar a este nivel de consumo, dado que las posibilidades que ha venido ofreciendo hasta ahora la recuperación de energía ya estarán prácticamente agotadas, se confía en el desarrollo tecnológico del otro elemento clave del sistema, esto es, las membranas. Como regla general, rebajando la presión de trabajo de las membranas actuales se consume menos energía, pero los rendimientos del proceso son también más bajos. El objetivo es conseguir nuevos tipos de membranas de baja presión capaces de obtener buenos rendimientos con presiones de trabajo inferiores a las 50 atmósferas. En este rango de presiones el consumo teórico se sitúa en torno a 1,35 kWh/m3.

Los avances tecnológicos en el sector de la desalación han ocasionado también un notable descenso de los costes productivos. Según se puede comprobar en la tabla adjunta, el mismo experto que fue responsable de los temas relativos a la desalación en la redacción del PHN, y que es actualmente un alto cargo del CEDEX, ha publicado en fechas recientes trabajos muy documentados en los que da cuenta de esa reducción de costes en España.

Los costes apuntados por M. Torres representan unos 0,52 €/m3, y se basan en las últimas generaciones de los antiguos sistemas de recuperación de energía. La difusión, en los próximos dos años, de los nuevos sistemas de recuperación de energía por desplazamiento positivo descritos en el apartado anterior, consolidará el coste del agua desalada por debajo de los 0,50 €/m3, con claras expectativas de alcanzar los 0,40 €/m3 a finales de la década.

Interesa señalar, por último, que así como los costes energéticos de construcción de una infraestructura tradicional de obras hidráulicas son muy significativos en el ciclo de vida global del proyecto, no ocurre lo mismo con la desalación. Las plantas de desalación son básicamente sistemas dispensadores de energía con infraestructuras muy ligeras, cuya repercusión sobre el consumo unitario resulta prácticamente inapreciable. En los análisis del ciclo de vida de proyectos de desalación se puede prescindir de computar los costes energéticos de la construcción, sin riesgo de introducir errores significativos.

La combinación de las reducciones de consumo energético que están experimentando las técnicas de desalación, con las mejoras previstas en la generación eléctrica por la introducción generalizada de gas natural y la participación incrementada de las energías renovables, va a reducir drásticamente a medio plazo la emisión de CO₂ por m³ producido.

Además, las mejoras de eficiencia en la desalación son acumulativas con las mejoras de eficiencia en la utilización del agua, de modo que si en paralelo con las inversiones en desalación se realizan sustanciales inversiones en eficiencia, así como en reutilización, el resultado final, en términos de reducción de la cantidad de CO₂ emitido por unidad de servicio hidraúlico atendido con agua procedente en su origen inicial de la desalación de agua de mar, puede ser espectacular en relación con los niveles actuales. En un escenario tecnológicamente avanzado en todo el ciclo del agua, con generalización de las mejores tecnologías actualmente disponibles en cada fase del ciclo hidráulico-energético, la reducción podría alcanzar un factor cercano a 8, lo que significa que un mismo servicio hidráulico (una unidad de lavado, una unidad de riego, etc...) se podría obtener por desalación con emisiones ocho veces menores a las actuales.

Pero ello sólo será posible a condición de que, previamente a la implantación de la desalación, se haga un esfuerzo técnico e inversor profundo y continuado para optimizar la eficiencia de los sistemas de utilización del agua, ya sean urbanos, industriales o agrarios. En condiciones de alta eficiencia en el uso del agua y en la generación eléctrica, la desalación podría convertirse en una alternativa de suministro de agua ecológica y económicamente aceptable. No hay que olvidar, no obstante, que la aplicación de estos planteamientos de modo coherente exige no abordar inversiones en capacidad de desalación hasta haber logrado elevados niveles de eficiencia en todo el ciclo, y haber agotado el potencial de servicio hidráulico que puedan prestar los recursos actuales con los nuevos niveles de eficiencia. La prioridad máxima ha de ser la de optimizar la demanda.

Por el contrario, la implantación de desalación masiva a corto plazo para alimentar los ineficientes sistemas de utilización actuales constituiría un fraude ambiental inadmisible, y también sería rechazable desde el punto de vista económico, pues sería sensiblemente más cara que las medidas adoptables por el lado de la demanda, tanto en inversión como en mantenimiento. De hecho, una política de ampliación masiva de la desalación sin preocuparse de la eficiencia en la utilización no sería más que una nueva versión tecnológica de las políticas de oferta tradicionales, que resultaría ambientalmente tan dañina como los grandes trasvases, aunque sus impactos ambientales fueran distintos.

En la situación de despilfarro del agua y/o desgobierno hidrológico que reina en el estado español, y en particular en las cuencas mediterráneas, tanto la alternativa de la desalación masiva como la del trasvase masivo resultan igualmente inaceptables. Sólo cabe imaginar otra alternativa aún peor: la combinación de ambas en gran escala, sin modificar el escenario actual de despilfarro del agua. Precisamente esa es la solución que propone el PHN: más de 1.000 hm3 anuales de trasvases y casi 500 hm3 anuales de desalación, sin ordenar la demanda ni corregir el desgobierno del agua.

Quizá esta propensión a la desalación de que hace gala el gobierno español venga alentada por la magnanimidad con que la Unión Europea viene financiando desde hace años en España la construcción de desaladoras con cargo a los Fondos de Cohesión. Por alguna razón, estas inversiones fueron clasificadas en su día como algo similar a "medidas ambientales de lucha contra la sequía", por lo que son financiadas de modo prácticamente automático, sin muchas preguntas acerca del rendimiento de las redes ni de la eficiencia de los sistemas de utilización en los lugares en los que se implantan. Los contribuyentes europeos están financiando la producción en España de un agua que sigue siendo cara económica y energéticamente, para que luego se dilapide en redes vetustas, y en usos ineficientes y banales, que además son subvencionados por varios caminos hasta llegar a ser ofrecidos a precios muy por debajo del coste.

Por si ello fuera poco, la asignación u ofrecimiento de desaladoras a municipios, comunidades autónomas, o grupo de usuarios, se viene realizando en los últimos años desde el Ministerio de Medio Ambiente con unos criterios harto discutibles. En lugares como las Islas Baleares, la situación ha llegado a tales extremos, que la Comisión Europea haría bien en iniciar una investigación sobre el particular.

La Comisión no debería permitir que una situación como ésta se proyectase a una escala aún mayor en una hipotética alternativa al trasvase del Ebro, en la que muy probablemente habría que incorporar medidas complementarias de desalación. Estas tecnologías, juiciosamente aplicadas, pueden ser de gran ayuda en la construcción de una alternativa viable a los trasvases del Ebro, pero cualquier inversión de fondos comunitarios en este terreno debería ir precedida de una exhaustiva auditoría de eficiencia hidrológica del sistema receptor, que garantizase la existencia de una necesidad real, y el futuro buen uso de los caudales aportados.

La deficiente calidad de las aguas del Ebro en su curso bajo es bien conocida en la hidrología española. Por un conjunto de causas naturales y antrópicas, el Ebro presenta una conductividad bastante elevada, como reconoce el propio PHN, que evalúa la conductividad media de las aguas que se tomarán en el trasvase en 1.029 µs/cm. Esta cifra supera los valores indicativos de la Directiva 75/440/CEE, incorporada a la legislación española por el Real Decreto 1541/1994, que fijan un máximo de 1.000 µs/cm. En las cuatro estaciones del bajo Ebro utilizadas como referencia, el propio PHN reconoce un 51% de incumplimientos de este parámetro (PHN, Vol 4, Análisis Ambientales, p. 201).

Además, el problema principal de las aguas del Ebro estriba en que la elevada conductividad que presentan se debe principalmente a la presencia de sulfatos y cloruros, dos familias de sales especialmente dañinas para la salud humana. La presencia de sulfatos en las aguas prepotables viene limitada en las normativas europea y española a 250 mg/litro, pero en términos imperativos, y no sólo indicativos, como en el caso de la conductividad. Además, la Directiva fija un valor guía (máximo recomendado) de 150 mg/litro. En 1997, según los datos del PHN, la concentración media de sulfatos entre Ascó y Tortosa se elevó a unos 230 mg/litro. En ese año, el 50% de las muestras incumplían este parametro, esto es, superaban los 250 mg/litro. En estas condiciones puede ser cuestionable la legalidad de dedicar el agua del Ebro a usos potables, como pretende hacer el PHN con unos 440 hm3, esto es, del orden del 42% de las aguas trasvasadas.

Por otra parte, en materia de conductividad y de concentraciones salinas la calidad del agua empeorará durante el transporte y regulación, debido a las pérdidas por evaporación. Asimismo, es importante recordar que la mayor parte de las sales disueltas, como los sulfatos y cloruros, sólo pueden ser retiradas del agua para hacerla plenamente potable mediante tratamientos de ósmosis inversa.

El problema de la mala calidad de las aguas trasvasadas afectará también a los usos agrarios. Las aguas del bajo Ebro son de "clase 3" (salinidades entre 750 y 2250 µs/cm) según la clasificación de aguas de riego de Richards, tradicionalmente asumida por la FAO, cuyo diagrama se presenta en el Anexo. En él se asigna un riesgo de salinización de suelos "alto", al uso de este tipo de aguas. Para el uso de estas aguas se recomienda, además de un buen drenaje, un incremento del 20 por ciento en las dotaciones de riego para el lavado de las sales, dotación extra que no se contempla en el PHN.

Por último, aunque el PHN no hace referencia a este aspecto, es sabido que las aguas del Ebro presentan contenidos apreciables de sodio, con índices de adsorción elevados. Como se observa en el diagrama del Anexo, esta característica potencia los riesgos de salinización, y la combinación de ambas puede tener efectos muy negativos sobre el crecimiento vegetal.

Además de ser deficiente por causas tanto antropológicas como naturales, la calidad de las aguas del Ebro presenta una clara tendencia histórica hacia el empeoramiento, como puede comprobarse en el gráfico adjunto, extraido del PHN, que lo toma a su vez de Aragüés et al..

El PHN argumenta en varias ocasiones que se observa una mejoría o al menos una estabilización de la calidad en el bajo Ebro, pero se basa para ello en observaciones limitadas al período 1990-96. Obviamente, la consideración de períodos tan cortos no permite extraer conclusiones fundamentadas en esta materia. Sin embargo, los estudios de Aragües et al., con mucha mayor perspectiva histórica, y que parecen en principio más fiables para la valoración de las tendencias a largo plazo, y para un horizonte de 20 años pronostican un notable empeoramiento de las aguas del bajo Ebro.

No obstante, la polémica sobre la tendencia de la calidad de las aguas del bajo Ebro puede quedar aclarada acudiendo a los datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Ebro. (CHE) Existe una estación en la propia localidad de Cherta, desde donde se pretende derivar el trasvase sur, para la cual se dispone de dos series de mediciones, cuyos resultados son accesibles vía Internet. En la tabla adjunta se presentan los datos originales, y algunas elaboraciones realizadas sobre los mismos.

La tendencia al empeoramiento se hace evidente en los datos oficiales de la C.H.E.. En poco más de una década, la media de las conductividades mensuales de las aguas del río Ebro en Cherta se ha elevado en casi un 13 por ciento. La tendencia de fondo de incremento de la conductividad parece estar situada en el rango de un 1 por ciento anual acumulativo. La extrapolación de esta tendencia conduce a datos consistentes con los de Aragüés et Al., que pronostican para el año 2020 una conductividad del orden de 1.300 µs/cm.

Estas perspectivas se ven corroboradas de nuevo por las propias previsiones del PHN en materia de reducción de caudales en el Ebro, debido al incremento de los usos consuntivos previstos en los diversos subsistemas de la cuenca, y particularmente en el Segre. La aportación del Segre en Ribarroja permite una notable recuperación de la calidad de las aguas del Ebro, que llegan a Mequinenza, embalse anterior a Ribarroja, con un grado de deterioro que las hace difícilmente aprovechables para la mayoría de los usos. El Segre es conocido como "el gran diluidor del Ebro", según recuerda el propio PHN.

Sin embargo, en la cuenca del Segre-Cinca están previstas numerosas intervenciones, entre las que destaca, por su efecto sobre la calidad, la puesta en riego, sólo en el embalse de Rialp, de 50.000 nuevas hectáreas, más 20.000 a consolidar En total se contempla ampliar los regadíos en esa cuenca en unas 100.000 hectáreas. La conjunción de estas intervenciones con otras de carácter ganadero, industrial y urbano conduciría a una reducción de las aportaciones del Cinca-Segre al Ebro desde los 5.400 hm3 anuales a un orden de magnitud de 4.200 hm3 anuales. Como consecuencia, la conductividad media en la confluencia con el Ebro, que actualmente se encuentra en 750 µs/cm, podría fácilmente alcanzar los 1.000 µs/cm o más, debido al efecto combinado de las detracciones (que se realizan fundamentalmente en las cabeceras, donde la salinidad es mínima), y los retornos de las nuevas zonas regables y otras actividades alimentadas con las aguas detraídas.

Por otra parte, en el resto de la cuenca del Ebro, aguas arriba de la confluencia del Segre, están previstas también grandes incrementos de la demanda consuntiva, con unas 350.000 hectáreas de nuevos regadíos:

• El Pacto del Agua de Aragón contempla 220.000 hectáreas

• El Canal de Navarra, derivado de Itoiz, prevé 57.000 hectáreas
• Otras actuaciones suman las 70.000 hectáreas restantes (sin contar el Segre)

Estas ampliaciones del regadío, junto con diversas expansiones industriales y urbanas, van a suponer, según las estimaciones del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, recogidas también en el PHN, una reducción de caudales aguas arriba de Mequinenza del orden de 2.300 hm3 anuales, con lo que el caudal medio del Ebro a la salida de Mequinenza sería de unos 6.500 hm3, y por las mismas razones apuntadas más arriba para el Segre, la conductividad media podría pasar desde los 1.200 µs/cm actuales hasta el orden de 1.500.

La combinación de las aguas del Ebro y el Segre con estos caudales y estas conductividades produciría un agua con una conductividad media cercana a los 1.300 µs/cm, y teniendo en cuenta que entre la confluencia del Segre y Cherta se eleva actualmente la conductividad en cerca de 50 µs/cm, el agua que se obtendría para la derivación al trasvase tendría una conductividad media de 1.350 µs/cm como mínimo. Tras la evaporación sufrida a lo largo del transporte, y en los embalses de regulación intermedia, esta agua llegaría a destino con cerca de 1.400 µs/cm. Huelga señalar que con un agua de estas características no sólo no sería posible atender ningún suministro urbano, sino que su utilización a largo plazo en sistemas agrarios tan amenazados por la salinización como los mediterráneos, ofrecería considerables riesgos, como se verá más adelante.

En el gráfico adjunto se representa la probable evolución anual de la salinidad en Cherta, en la hipótesis de que se alcanzara una conductividad media de 1.350 µs/cm, y de que se mantuviera el actual perfil de evolución a lo largo del año.

En ningún momento del año sería posible captar agua de calidad prepotable para el trasvase. En los ocho meses en los que está previsto realizar trasvases, la conductividad media alcanzaría casi los 1.300 µs/cm. Finalmente, hay que tener en cuenta que la variabilidad de las conductividades de unos años a otros es bastante acusada, como se podía observar en la tabla anterior, que recogía las conductividades registradas en la red ICA para Cherta. Ello supone que en algunos años el agua podría alcanzar durante muchos meses seguidos conductividades por encima de los 2.000 µs/cm, con importante participación de sulfatos, y abundante presencia de sodio, lo que las invalidaría para numerosos usos, incluso agrarios. En tales años, el trasvase sería de hecho inviable.

A la luz de los datos disponibles, una evolución de la conductividad de este tipo puede considerarse altamente probable, y en cualquier caso, mucho más probable que la situación de estabilidad que arbitrariamente asume el PHN.

La estrategia hidrológica de la fachada mediterránea debería haberse planteado asumiendo la mejora real de la calidad del agua como prioridad principal de las actuaciones. Ello exige, en primer lugar, tratar con gran cuidado los recursos de mejor calidad

Dada la intensidad de usos del agua que caracteriza a la fachada mediterránea, cualquier nueva aportación de agua a estas zonas, sea cual sea su origen, debe contar ante todo con una salinidad inicial muy baja, que amortigüe las consecuencias de la intensiva utilización a que va ser sometida posteriormente. Además, las tecnologías de regeneración con desalobración deben estar presentes en los puntos críticos de los ciclos de reutilización, para garantizar el mantenimiento de una calidad adecuada en cualquier nueva aplicación del agua regenerada. Esta es exactamente la estrategia opuesta a la seleccionada por el PHN, que al cerrar los ojos al problema de la calidad, probablemente ha colocado al proyecto de trasvase en un callejón sin salida, contraviniendo el Artículo 7 de la Directiva Marco del Agua, que aboga por políticas que contribuyan a "reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de agua potable".

En efecto, para utilizar el agua del Ebro de forma masiva en abastecimientos urbanos (440 hm3 suponen el abastecimiento de 4,5 millones de habitantes) sólo cabe una doble opció